Desde UETP nos preguntamos, ¿pero quién de los 1062 asesores que tiene el gobierno realmente asesora? o ¿quién es el iluminado en el gobierno que atiende los asesoramientos y que evidentemente no los comprende?
En España en 14 años el régimen de Franco construyo y adjudico 4.080.619 viviendas protegidas, construidas y gestionadas a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), estas viviendas tenían como objetivo principal proporcionar alojamiento a sectores de la población con menos recursos y fomentar la estabilidad social.
En la actualidad, la situación de la vivienda protegida en España ha evolucionado y se han implementado diferentes medidas y políticas para abordar las necesidades habitacionales de la población, es decir, mediante la ley 12/2003 del 24/5 de derecho a la vivienda, se han diseñado e implementado DOCE PLANES ESTATALES DE VIVIENDA por parte del estado, pero hemos de destacar que todos los doce planes solamente han servido para incentivar la inversión privada y la actividad económica del país, correspondiendo cualquiera de los doce planes más al ministerio de industria o trabajo que al de la vivienda.
Dicho de otra forma, como las competencias en materia de vivienda han sido transferidas a las comunidades autónomas, el estado se ha lavado las manos incumpliendo el mandato de la ley antes reseñada y el propio mandato constitucional.
Entendemos que el estado ha de generar unas leyes que obliguen a las comunidades autonómicas a que construyan viviendas protegidas a un precio de coste mas un beneficio puramente industrial, obligándolas a hacer subsidiarios de esa exigencia a los ayuntamientos para que estos por obligación legal destinen una parte de su presupuesto municipal a construir vivienda protegida de conformidad al número de pobladores de su territorio, y que se modifiquen las leyes para que cualquier ayuntamiento pueda destinar sin dificultades el suelo necesario para la construcción especifica de vivienda protegida y social.
En este sentido, es importante que las políticas de vivienda en España experimenten una revolución amparada por la ley, para abordar las necesidades actuales de la población y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, y evidentemente que el estado se involucre en la concesión de avales o créditos blandos para que los constructores puedan actuar sin riesgos económicos.
No olvidamos que la permisividad del gobierno ante los OCUPAS, es la consecuencia de que como no se construyen viviendas sociales protegidas, solamente se puede enmascarar el mandato constitucional permitiendo que se ocupen sin sanción judicial ni penal a los ocupantes y así de ese modo se da la sensación que toda la ciudadanía tiene una vivienda digna. ¡PERO A QUE PRECIO Y A COSTA DE QUIEN !
Cuando lleguemos al parlamento obligaremos al gobierno de turno a cumplir con el mandato constitucional y a que se copien medidas que en el pasado dieron unos resultados excelentes en materia de vivienda.
