La Policía Nacional ha desarticulado una sofisticada organización criminal que se dedicaba a la obtención fraudulenta de citas previas para trámites de extranjería y a la falsificación de documentos, facilitando así la inmigración ilegal en España. La operación, que ha culminado con la detención de 21 personas en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia, ha puesto al descubierto un entramado criminal que operaba a gran escala y causaba un grave perjuicio a la administración pública y a los ciudadanos.
Un sistema perverso para lucrarse con la necesidad
Los miembros de esta organización habían desarrollado un ingenioso sistema para monopolizar las citas previas disponibles en la plataforma online de la Administración General del Estado. Mediante el uso de «bots», programas informáticos diseñados para realizar tareas repetitivas, bloqueaban sistemáticamente las citas, impidiendo que los ciudadanos pudieran acceder a ellas de forma legítima. Posteriormente, vendían estas citas a precios elevados, generando cuantiosas ganancias ilegales.
Además de este lucrativo negocio, los integrantes de la red falsificaban a gran escala documentos esenciales para la obtención de permisos de residencia, como certificados de antecedentes penales, contratos de trabajo y empadronamientos. Estos documentos falsos eran utilizados por extranjeros para regularizar su situación en España de manera fraudulenta.
Un golpe a la inmigración irregular
La operación policial ha permitido desarticular una organización criminal que se lucraba con la necesidad de los extranjeros de regularizar su situación en España. La falsificación de documentos y la venta ilegal de citas previas socavaban los principios de legalidad y transparencia que deben presidir los procedimientos administrativos.
Cifras y datos relevantes:
- Detenidos: 21 personas en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia.
- Beneficios estimados: 9.000 euros mensuales por cada integrante del grupo.
- Documentos falsificados: Miles de documentos falsos, como certificados de antecedentes penales, contratos de trabajo y empadronamientos.
Consecuencias legales
Los detenidos se enfrentan a graves acusaciones por delitos de daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Un mensaje claro
Esta operación policial envía un mensaje claro: la Administración no tolerará este tipo de actividades delictivas que perjudican a los ciudadanos y a las instituciones. La Policía Nacional seguirá trabajando para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los servicios públicos.
