El próximo martes 27, se aprueba en el Consejo de Ministros los recortes de agua en el trasvase Tajo-Segura, obviando desde Moncloa a la Comunidad Valenciana y Murcia.
El Gobierno desprecia a regantes, empresarios, universidades, Consell y Diputación, y aprobará el próximo martes los recortes en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para reducir en 11 hm³, de los actuales 38 hm³ a 27 hm³ el trasvase máximo mensual de agua del Tajo a Alicante y Murcia.
Esto supone un recorte anual de 13 hm3 a 60 hm3, el Ministerio para la Transición Ecológica ha trasvasado el caudal máximo mensual hasta este mismo mes de julio. Los técnicos advierten de que a partir de agosto el trasvase volverá a nivel 3, por lo que las reglas de explotación del trasvase mensual será de hasta 20 hm3 previo informe y según determine la vicepresidenta Ribera.
Ángel Urbina, Presidente de la Sociedad de Transformación Agraria, menciona que «quizá este mes de julio haya sido el último de la historia en el que vamos a recibir los 38 hm3 de agua en un mes y, además, en la misma sesión del Consejo de Ministros se va aprobar la subida de las tarifas del trasvase». La Confederación del Tajo está trasvasando actualmente a razón de 22,3 m3/s, por lo que a lo largo de julio hayan llegado un total de 60 hm3. Las preocupaciones auténticas llegarán en 2022, con el cambio de las reglas de explotación y se sume el aumento del caudal ecológico del río.
No se han tenido en cuenta los informes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, del Instituto del Agua de la UA y al Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, que apuestan por la solución del Tajo-Medio, según recuerda su director Antonio Rico, para abastecer a Madrid y quitar el problema en la cabecera.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se posicionó «inamovible» en defensa del trasvase y de reivindicar «agua de calidad, a precio razonable y para siempre» y comunicó que así se lo ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica e insistió en que «no hay futuro si no se garantiza la alimentación», por lo que «tenemos que hacer lo imposible para mantener un sector que no solo sirve para el autoabastecimiento sino que además constituye una actividad económica esencial en la Comunidad».
