El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció ayer que el Ayuntamiento va a impulsar una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) “para regular su impacto en el tejido urbano y social de la ciudad”. Barcala ha explicado que “esta moratoria nos permitirá disponer de tiempo para revisar la regulación municipal sobre viviendas turísticas y desarrollar normativas específicas para garantizar un crecimiento turístico equilibrado y sostenible y al mismo tiempo contribuyan a favorecer el acceso de los alicantinos a la vivienda, que es una de nuestras prioridades en este mandato”.
La moratoria conllevará la suspensión, durante un plazo máximo de dos años, de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas VUT o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante. Asimismo, quedará en suspenso el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística e informes de compatibilidad urbanística en el ámbito afectado para el uso de VUT.
Esta medida, que el equipo de Gobierno llevará al Pleno del 19 de diciembre, “facilitará poder integrar en el plan municipal un límite en la densidad de viviendas de uso turístico por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración”, ha expuesto Barcala.
Límites, revisiones e inspecciones
El equipo de Gobierno ha tomado esta decisión tras recibir y analizar las conclusiones de los dos estudios elaborados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA) sobre la situación de la VUT en Alicante.
Según estos estudios, las limitaciones deberán basarse en un análisis detallado que contemple la capacidad de los servicios públicos, la conservación del carácter residencial de cada zona y la preservación de un equilibrio entre las actividades turísticas y las necesidades de los residentes locales. La determinación de estos límites permitirá regular el número de licencias emitidas por barrio o zona, adaptándose a la situación particular de cada área, con énfasis en aquellas que ya muestran signos de saturación turística.
Además, el Ayuntamiento de Alicante realizará revisiones periódicas de las licencias otorgadas para evaluar el cumplimiento de las normativas y si se detectan problemas significativos en la calidad de vida o en la accesibilidad a la vivienda, se podría proceder a la retirada o no renovación de las licencias en los casos que corresponda.
Por otro lado, se sigue trabajando en las campañas de inspección de los apartamentos turísticos de la ciudad y el levantamiento de actas de suspensión de actividad a los que ejercen la actividad sin licencia o incumplen la normativa, a la espera de materializar la asunción de competencias en materia de imposición de sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.
El Ayuntamiento de Alicante está volcado en el desarrollo de medidas que favorezcan el acceso de la vivienda a los alicantinos, como el desarrollo de planes urbanísticos que permitirán impulsar 6.000 viviendas en este mandato, de las cuales entre un 30 y un 40 % serán viviendas protegidas. Además, Alicante ha ofrecido ya a la Generalitat ocho solares de patrimonio municipal para la construcción de aproximadamente 265 viviendas dentro del Plan Vive, a los que se sumarán otros en los próximos meses.
