43 nuevas plazas en la Administración regional para personas con discapacidad intelectual

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que las pruebas se celebraran a finales de 2025, brindando a los interesados la oportunidad de prepararse para un empleo estable en la administración regional. Un número que se sumará a los 176 que ya prestan su servicio a la ciudadanía.
 
Ruiz Molina, que ha presidido el acto de entrega de diplomas al alumnado que ha superado el curso de ‘Digitalización y gestión documental’, ha indicado que este curso forma parte de una “ambiciosa hoja de ruta” del Gobierno regional, un compromiso que se refleja en el presupuesto del próximo año que “destinará más de 360 millones a las políticas de discapacidad y dependencia”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que para finales de año se abre un nuevo proceso selectivo independiente para cubrir otras 43 plazas de discapacidad intelectual, que forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de 2023 y 2024. Así lo ha avanzado hoy el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto de entrega de diplomas al alumnado que ha superado el curso de ‘Digitalización y gestión documental’, en el que también han participado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín; y el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina.

En el evento, que ha tenido lugar en el Archivo Regional de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina ha indicado que las pruebas se celebrarán a finales de 2025, brindando a los interesados la oportunidad de prepararse para un empleo estable en la administración regional. Un número de plazas que se sumarán a los 176 empleados y empleadas que ya prestan su servicio a la ciudadanía.

Durante su alocución, el consejero ha recordado que estos procesos selectivos adaptados se comenzaron a convocar hace tres años, y que en estos momentos van a ser 34 personas las que han logrado una plaza correspondiente a la oferta de empleo 2021-2022. Una incorporación que cuenta con un proceso de tutelaje durante los primeros meses.

Previamente el consejero, acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles y la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, Silvia Fernández; ha visitado la exposición de 15 planos documentales de edificios, pertenecientes al catálogo de patrimonio monumental arquitectónico de la región.

Un programa en el que se han invertido más de 230.000 euros

Durante el acto, el consejero ha puesto en valor este curso de especialización en ´Digitalización y Gestión Documental´ que ha sido posible gracias al convenio de colaboración que la Junta Comunidades, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Eurocaja Rural y la Fundación para la Gestión y el Estudio de la Especificidad (CIEES), perteneciente al Grupo CECAP, suscriben anualmente para favorecer la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.

Un programa, en el que ya se han invertido más de 230.000 euros y que ha permitido formar y capacitar a 82 jóvenes, a los que hay que sumar los ocho nuevos alumnos y alumnas que han comenzado la formación. Un curso que dura nueve meses, con más de 800 horas de enseñanza teórico-práctica, y que continúa con tres meses más contratados por la Fundación CIEES, para seguir digitalizando documentos en estas instalaciones.

Diez años de un programa que, como ha indicado el consejero, ha permitido digitalizar más de un millón de imágenes del Archivo Regional, que recopila toda la memoria documental de la historia administrativa de nuestra comunidad autónoma, y ha reiterado que este trabajo “es muy útil para la administración”.

El consejero también ha tenido palabras especiales para las familias de los participantes, a quienes les ha reconocido como el “pilar fundamental” que sustenta el éxito de iniciativas como este programa.

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural se ha referido a la “unión cada vez más sólida” de las tres entidades, una unión que se ha materializado en el tiempo y el esfuerzo que han dedicado de todos y cada uno de los alumnos y alumnas.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, quien ha resaltado que este acto significa “la apuesta de las tres entidades colaboradoras para que sea posible este modelo de inclusión basado en el derecho a participar en la sociedad” y ha recordado que es importante “seguir por este camino con el granito de arena de todos y todas”.

Incremento de 360 millones en el presupuesto para discapacidad en 2025

En el marco de esta política de apoyo, el consejero ha indicado que este curso forma parte de una “ambiciosa hoja de ruta para impulsar y mejorar la integración profesional de estas personas” y ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para tener en esta legislatura una nueva Ley de Accesibilidad y una Estrategia Regional de Discapacidad, con el objetivo de favorecer la integración social en términos de igualdad.

Y ha continuado, que este compromiso del Ejecutivo de García-Page se va a reflejar en el presupuesto para el próximo año, con más de 360 millones de euros para políticas de discapacidad y dependencia, un incremento del 49 por ciento desde 2015. Un aumento que va a permitir, en colaboración con el Tercer Sector, reforzar nuestra red de recursos para la atención a personas con discapacidad y ampliar la ayuda a sus familias.

Avance en accesibilidad digital y fiscalidad inclusiva

En materia de transformación digital, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que se han desplegado dispositivos tecnológicos en la red de centros de atención a personas con discapacidad y estamos trabajando para mejorar la accesibilidad de sus servicios digitales.

Y ha concluido que, desde la Administración regional se está haciendo un esfuerzo en el ámbito fiscal y se han implementado deducciones y bonificaciones fiscales en la renta y en otros tributos gestionados por la comunidad autónoma para beneficiar a las personas con discapacidad y sus familias.

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